¿Es un presupuesto "social" el de España?

Durante el ejercicio 2013, la distribución del Gasto Público en España fue la siguiente:

·        Pensiones y otras prestaciones sociales       40%

·        Sanidad      14%

·        Educación      9%

·        Asuntos económicos: infraestructuras, agricultura, energía…        9%

·        Servicios públicos generales: ayuda desarrollo, org. internacionales, etc.      8%

·        Intereses     7%

·        Orden público y seguridad     5%

·        Políticas de cultura, deporte y otras    3%

·        Medio ambiente     2%

·        Defensa   2%

·        Vivienda y servicios comunitarios      1%

Fuente: http://www.igae.pap.minhap.gob.es/informeGasto2013

Comprobamos que de cada 100 € que gestiona nuestra Administración Pública, ya de entrada el 40% (casi la mitad), se destinan a pagar pensiones, la partida más importante del presupuesto público español. No en vano, nuestro país destaca a nivel mundial por su potente Sistema Público de cobertura de Pensiones (junto con otras prestaciones sociales).

Las otras dos grandes partidas de gasto público español son la Sanidad y la Educación, en este orden de importancia. En concreto, de esos teóricos 100 €, España gasta en sanidad pública 14 € y en educación pública 9 €, lo que da una idea de la importancia que dedica, sobre todo, al Sistema de

Salud Pública (uno de los referentes a nivel mundial), si bien, en cobertura educativa podría ser mayor de lo que es.

En cualquier caso, estas tres primeras partidas de Gasto Público, suponen casi dos tercias partes del gasto total español (el 63%).

Igualmente que en educación, España en infraestructuras y apoyo a inversores gasta 9 € de cada 100. Algunas voces críticas consideran insuficiente el presupuesto destinado a esta partida, al igual que ocurre con la educación. Seguramente sería esto posible si no gastase 7 € de cada 100 en el pago de intereses por la deuda pública. Esta cantidad es excesiva, teniendo en cuenta que hablamos de deuda soberana (de bajo riesgo), pero los grandes excesos de gasto público sobre los ingresos de las pasadas décadas, están pasando una alta factura en concepto de intereses financieros a las cuentas públicas españolas, como ocurre con la inmensa mayoría de países desarrollados.

Una considerable partida de Gasto Público (8 de cada 100 €), se va destinada a la ayuda al desarrollo y organismos internacionales.

Con estas partidas de gasto tan importantes, apenas queda para el resto de partidas una minoría de presupuesto: 5% para seguridad ciudadana, un pequeño 3% para la cultura y el deporte o un menguado 2% para defensa del país. Nos queda otro 2% para defender el medio ambiente y un testimonial 1% para la vivienda social.

Algunas ideas objetivas de mejora podrían ser, por ejemplo, la eliminación del 7% de pago de intereses de deuda pública y destinarlo a las últimas partidas menos agraciadas. Obviamente, esto implicaría la eliminación de la deuda soberana española, algo que, desgraciadamente, parece algo imposible actualmente con los déficits públicos anuales, casi endémicos. Existe otra posible reasignación del presupuesto público si la partida más importante con diferencia (las pensiones), se reduce considerablemente. El inconveniente es que habría que ir sustituyendo paulatinamente el sistema público por un sistema privado de pensiones, al menos, para que terminase siendo mixto, lo que permitiría trasvasar gasto público desde las pensiones hacia otras partidas de gasto también muy necesarias (como por ejemplo, la vivienda). En cualquier caso, el problema del sistema de pensiones es creciente, dado que la población española (como la europea) está envejeciendo a un ritmo importante en las últimas décadas, por los avances sanitarios. Algún gobierno, alguna vez, debería por fin afrontar con seriedad este problema que se nos viene encima en los próximos años.

En conclusión: España articula un presupuesto público social, en el contexto comparativo mundial, si bien, es lo normal dentro de su contexto europeo. La UE está configurada por países que a partir de la segunda mitad del s. XX apostó por potenciar el “Estado de Bienestar”, lo que se refleja en nuestro presupuesto público español.