Libros recomendados

"Microeconomía del amor". Steven Levitt.

"El economista camuflado". Tim Harford

"Padre Rico, Padre Pobre". Robert T. Kiyosaki

"Los siete hábitos de la gente altamente efectiva" Stephen R. Covey

"La economía al desnudo". Carles Wheelan

"Asesinato en el margen". Marshall Jevons. 

El seguro de desempleo y el gasto público.

http://www.elmundo.es/economia/2015/05/05/55487689ca47412b2d8b4572.html

El descenso del 18% del Gasto Público en prestaciones por desempleo tiene dos lecturas, una positiva y otra negativa:

·         La positiva es que ha descendido el paro y, por lo tanto, el número de solicitantes de la cobertura por desempleo. De hecho, las solicitudes de la prestación por desempleo respecto a marzo del año 2014 ha descendido en un 13,3% este marzo de 2015.

·         La negativa es que hay menos personas bajo la cobertura del seguro de desempleo en España porque ya han agotado su derecho a la prestación, a pesar de no haber encontrado un empleo. De hecho, la cobertura de población parada en marzo de 2014 fue del 58,93% de los desempleados, mientras que en marzo de este año 2015 ha descendido al 55,35%. Es decir, que existen 3,58% parados menos cobrando el subsidio de desempleo en España.

En cualquier caso, el gasto público total en prestaciones por desempleo ha descendido fundamentalmente por el descenso de población parada en España, más que por dejar de percibir la prestación, algo que concuerda con el cambio cíclico del gasto público, que en épocas de recesión aumenta, debido al aumento de los subsidios por desempleo, mientras que en épocas de crecimiento económico, como la que se ha iniciado en la economía española en los últimos 8 meses, el gasto público en prestación por desempleo disminuye, como muestra el artículo.

Cabe esperar, por lo tanto, que el déficit público disminuya por causas cíclicas en el futuro.

De las Marcas y de cómo nos engañan las empresas

http://economia.elpais.com/economia/2015/04/30/actualidad/1430406588_383836.html

Si en España se gastan 1.000 millones de € en agua embotellada, a pesar de que el agua del grifo es perfecta para nuestras necesidades y no daña nuestra salud, es porque el consumidor ha interiorizado que el agua embotellada mejora la salud y por el contrario, la del grifo, la empeora.

Lo mayores interesados en que esta idea permanezca en el subconsciente del consumidor son las seis firmas que en España ingresan el 73% de esos 1.000 millones de €. De hecho, son las marcas las que generan las ideas dentro del pensamiento del cliente.

Sin duda, nos están hablando del mercado de competencia imperfecta y, concretamente del modelo de Chamberlain o “mercado de competencia monopolística”, que es el más habitual en la realidad.

Las marcas son creadas para diferenciar artificialmente los productos. Gracias a las técnicas de marketing (especialmente a la publicidad), los oferentes son capaces de conseguir que los demandantes perciban cada marca como un producto distinto, cuando en realidad es el mismo producto que ofrecen los demás, si recordamos que “producto” es todo aquel bien o servicio que cubre una necesidad concreta. Desde el punto de vista de la “necesidad”, (en nuestro caso eliminar la sed), no existen seis productos, sino uno: agua.

Pero si que existen seis marcas, cada cual peleando permanentemente por una mayor cuota de mercado, transmitiendo al consumidor que su “marca es un producto”; es más, es “el mejor producto”, distinto de los demás y, así, consigue mayor “poder de monopolio”, al presentarse ante el consumidor como el “monopolista de su propia marca”. El objetivo es claro: aumentar el precio unitario del producto, una vez convencido el consumidor de que se encuentra ante un producto por el que tiene que pagar mucho más. Desde luego, muchísimo más que por el producto del grifo.

El mercado de competencia monopolística divide el mercado de competencia perfecta convirtiendo un producto homogéneo (genérico), en un producto artificialmente diferenciado por marcas o etiquetas que aparentemente aportan más beneficios que el producto genérico. De esta forma, pueden aumentar el precio unitario de venta, aumentando sus ingresos y, por tanto, sus beneficios.

El Petróleo. Ese bien que nos mejora o empeora la Economía.

http://www.expansion.com/mercados/materias-primas/2015/05/01/55433cf822601d6b658b456d.html

Si bien el artículo comienza diciendo que el precio del petróleo vira hacia abajo al comenzar mayo de 2015, lo relevante del mismo es que los dos referentes de precios petrolíferos suben fuertemente en solo un mes (abril 2015: el precio del Brent se disparó un 21% y el precio del West Texas subió un 25%), algo relevante en el último año, cuando descendió en un 50% el precio del petróleo.

Tanto influye este factor productivo (tanto energético como de materia prima) en la economía de los países desarrollados, que su bajada en 2014 propició hechos insólitos como que el IPC español descendiese un 1,4% en dicho año.

Pero la influencia si cabe, es mucho más importante en la Oferta Agregada que en la Demanda Agregada. Si ayudó levemente la bajada del Nivel General de Precios a que la Demanda se incrementase durante 2014, en 2015 podría darse el efecto contrario, ralentizando el Consumo Privado y por tanto, la Demanda Agregada. Como decíamos, al tratarse de factores productivos, donde más se va a notar el efecto de subida del precio del petróleo será en la Oferta Agregada, donde se producirá un retroceso por encarecimiento de los costes unitarios de producción, tanto por los costes energéticos como por los de las materias primas de la mayoría de bienes de consumo. Este scock de Oferta Agregada propiciará un estancamiento del PIB en los países industrializados y, sobre todo, un aumento del Nivel General de Precios, al producirse la denominada “inflación de costes” o “inflación de Oferta”.

¿Es un presupuesto "social" el de España?

Durante el ejercicio 2013, la distribución del Gasto Público en España fue la siguiente:

·        Pensiones y otras prestaciones sociales       40%

·        Sanidad      14%

·        Educación      9%

·        Asuntos económicos: infraestructuras, agricultura, energía…        9%

·        Servicios públicos generales: ayuda desarrollo, org. internacionales, etc.      8%

·        Intereses     7%

·        Orden público y seguridad     5%

·        Políticas de cultura, deporte y otras    3%

·        Medio ambiente     2%

·        Defensa   2%

·        Vivienda y servicios comunitarios      1%

Fuente: http://www.igae.pap.minhap.gob.es/informeGasto2013

Comprobamos que de cada 100 € que gestiona nuestra Administración Pública, ya de entrada el 40% (casi la mitad), se destinan a pagar pensiones, la partida más importante del presupuesto público español. No en vano, nuestro país destaca a nivel mundial por su potente Sistema Público de cobertura de Pensiones (junto con otras prestaciones sociales).

Las otras dos grandes partidas de gasto público español son la Sanidad y la Educación, en este orden de importancia. En concreto, de esos teóricos 100 €, España gasta en sanidad pública 14 € y en educación pública 9 €, lo que da una idea de la importancia que dedica, sobre todo, al Sistema de

Salud Pública (uno de los referentes a nivel mundial), si bien, en cobertura educativa podría ser mayor de lo que es.

En cualquier caso, estas tres primeras partidas de Gasto Público, suponen casi dos tercias partes del gasto total español (el 63%).

Igualmente que en educación, España en infraestructuras y apoyo a inversores gasta 9 € de cada 100. Algunas voces críticas consideran insuficiente el presupuesto destinado a esta partida, al igual que ocurre con la educación. Seguramente sería esto posible si no gastase 7 € de cada 100 en el pago de intereses por la deuda pública. Esta cantidad es excesiva, teniendo en cuenta que hablamos de deuda soberana (de bajo riesgo), pero los grandes excesos de gasto público sobre los ingresos de las pasadas décadas, están pasando una alta factura en concepto de intereses financieros a las cuentas públicas españolas, como ocurre con la inmensa mayoría de países desarrollados.

Una considerable partida de Gasto Público (8 de cada 100 €), se va destinada a la ayuda al desarrollo y organismos internacionales.

Con estas partidas de gasto tan importantes, apenas queda para el resto de partidas una minoría de presupuesto: 5% para seguridad ciudadana, un pequeño 3% para la cultura y el deporte o un menguado 2% para defensa del país. Nos queda otro 2% para defender el medio ambiente y un testimonial 1% para la vivienda social.

Algunas ideas objetivas de mejora podrían ser, por ejemplo, la eliminación del 7% de pago de intereses de deuda pública y destinarlo a las últimas partidas menos agraciadas. Obviamente, esto implicaría la eliminación de la deuda soberana española, algo que, desgraciadamente, parece algo imposible actualmente con los déficits públicos anuales, casi endémicos. Existe otra posible reasignación del presupuesto público si la partida más importante con diferencia (las pensiones), se reduce considerablemente. El inconveniente es que habría que ir sustituyendo paulatinamente el sistema público por un sistema privado de pensiones, al menos, para que terminase siendo mixto, lo que permitiría trasvasar gasto público desde las pensiones hacia otras partidas de gasto también muy necesarias (como por ejemplo, la vivienda). En cualquier caso, el problema del sistema de pensiones es creciente, dado que la población española (como la europea) está envejeciendo a un ritmo importante en las últimas décadas, por los avances sanitarios. Algún gobierno, alguna vez, debería por fin afrontar con seriedad este problema que se nos viene encima en los próximos años.

En conclusión: España articula un presupuesto público social, en el contexto comparativo mundial, si bien, es lo normal dentro de su contexto europeo. La UE está configurada por países que a partir de la segunda mitad del s. XX apostó por potenciar el “Estado de Bienestar”, lo que se refleja en nuestro presupuesto público español.

La luz al final del túnel.

Estamos en 2015 y por fin se empieza a ver una tenue luz al final del túnel.

El funcionariado no tiene la culpa de la crisis

FRANCISCO J. BASTIDA.
CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.


Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida.
Catedrático de Derecho Constitucional.

Universidad de Oviedo