El funcionariado no tiene la culpa de la crisis

FRANCISCO J. BASTIDA.
CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.


Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida.
Catedrático de Derecho Constitucional.

Universidad de Oviedo

El independentismo catalán

Las multinacionales no catalanas que operan en España desde su sede en territorio catalán, pero que facturan en toda España (y por tanto, el 21% del IVA que no comparte la Generalitat con los restantes españoles), tenderán a cambiar su sede Ibérica hacia otra comunidad (por ejemplo Aragón, que sí comparte su IVA con el resto de España), algo que deberemos tener muy en cuenta los consumidores no nacionalistas, y por supuesto, dichas multinacionales con millones de productos, que temerán pronto dejar de vender en el resto de España. Eso provocará que el PIB catalán caiga drásticamente en beneficio del resto de comunidades autónomas españolas, lo que hará de la región catalana una de las más pobres de Europa.

Es decir, no solo se trata de dejar de comprar cava o Puig... sino Mistol, La Toja, Licor del Polo, Wolfwagen, Audi... y otros cientos de miles de productos que facturan en Cataluña aquello que venden en el resto de España (sobre el 90% de la facturación de la sede Ibérica de la multinacional). Está claro que Cataluña se quedaría sin empresas fundamentales con las que recaudar impuestos y por lo tanto, no tenrían ingresos públicos para poder tener Estado o Gobierno catalán.

Así que, se trata de conocer dónde tiene la sede social la empresa que fabrica el producto que compramos, para "castigar" aquellas que mantienen su sede en Cataluña. Pronto trasladarían la sede a Madrid, Valencia, Sevilla, etc.

Nosotros tenemos el poder, no los gobernantes catalanes y sus votantes nacionalistas. Así que, hay que estar bien informados sobre el domicilio fiscal de dichas empresas.

Cataluña, sin el resto de España, no es nada, ya que representamos aproximadamente el 80% de su facturación, de sus ingresos impositivos y de su futuro. Tenemos "la sartén por el mango" si tenemos dicha información. La realidad caerá por su propio peso. La Economía pone a cada uno en su sitio si estamos bien informados. La verdad solo tiene un camino.

LA ENCRUCIJADA DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Si nos encontamos en una "encrucijada" económica en Europa, Japón y EE.UU., lo normal sería volver hacia atrás y buscar un nuevo camino para proseguir. Habría que cambiar básicamente dos cosas:

1º) El sistema impositivo: deberíamos eliminar los impuestos directos (sobre la renta), es decir, aquellos que gravan la producción (ya sean sobre el trabajo o sobre el capital), pues si queremos crecer económicamente, no debemos atacar a "las raíces del árbol". Deberíamos, como mucho, podar sus hojas o cortar sus ramas, para que el árbol pueda seguir creciendo sin problemas y más oxigenado. Es decir, como mucho, deberíamos gravar el consumo o lo que es lo mismo, dejar como mucho los impuestos indirectos.

Evidentemente, esto haría necesario el adelgazamiento significativo de la economía pública o estatal. Es viable y el margen para hacerlo es impresionante: existe una gran mayoría de servicios suministrados por el Estado, los cuales puede producir perfectamente el sector privado de la Economía, sin problema alguno de pérdida de derechos o de calidad para la población. Si se siguen suministrando por las administraciones públicas es por intereses creados por parte de los que se enriquecen o consiguen favores, y no por motivos de solidaridad ciudadana que los justifiquen. Ejemplos son las televisiones autonómicas, los cursos de formación, etc.

2º) Deberíamos eliminar la separación entre trabajo y capital, pues ambos recursos son esenciales en la producción, ninguno más importante que el otro (depende de cada sector y tipo de actividad económica). La producción es, al fin y al cabo, lo realmente importante para crecer y continuar avanzando económicamente. Para ello, tendremos que establecer una nueva forma de entender las relaciones de producción, que pasa por eliminar el actual sistema de contratación dependiente del trabajador.

El nuevo sistema vendría a ser una forma en la que todos los trabajadores serían autónomos o empresas unipersonales (unifamiliares también), las cuales trabajarían por cuenta ajena para todas y cada uno de las restantes empresas. Esto eliminaría los tradicionales problemas ocasionados por la dicotomía "capitalismo-comunismo". Además, acabaría con el problema de la concentración de capitales (monopolios, oligopolios, trust, etc).

Ambas medidas nos harían crecer en cualquier país donde fuesen aplicadas. Por supuesto, ya no tendrían sentido los paraísos fiscales, ya que la producción estaría totalmente exenta de impuestos. La población tendría que asumir su propio estado del bienestar, lo que necesariamente precisaría de una verdadera "educación para la ciudadanía", que fomente la autofinanciación de la salud, las pensiones, el ahorro, la inversiónn (y amortización) en futuros bienes duraderos (vivienda, vehículos...), etc, lo que restaría poder a la banca, al financiarse menos las familias y las empresas pequeñas familiares, ya que necesitan menores estructuras fijas.

Si realmente queremos salir de esta encrucijada, debemos detenernos (ya lo estamos haciendo de manera obligada por el paro, la baja produción, etc), dar marcha atrás, y cambiar totalmente los esquemas del camino a seguir.

Debemos emprender otro camino, otro sistema económico.

Sobra demagogia

Sobran políticos y sus respectivos gastos (cargos de confianza, mandos intermedios, coches oficiales, tarjetas de crédito para viajes...)

Sobran subvenciones a empresas definitivamente incompetentes y especialmente, a empresas de familiares de políticos.

Sobran subvenciones a ONG que para nada cumplen sus nobles objetivos y, por supuesto, a ONG de amigos de políticos y demás tenedores de carnés políticos.

Sobran empresas públicas que no realizan una labor pública (Bancos públicos, Televisiones públicas, Emisoras de radio públicas, Compañías aéreas, aeropuertos, puertos públicos...)

Sobran subvenciones a los sindicatos y a los partidos políticos. Que se financien con sus afiliados.

Sobran subvenciones a la Iglesia Católica y a otras religiones. Que se financien con sus feligreses. Nota: Cáritas, Manos Unidas, Médicos del Mundo,... a estos, por ejemplo, sí hay que apoyarles... Esos y algunos como estos, sí cumplen. Sobran políticas de "machaqueo" al empresariado, que es el que genera puestos de trabajo e impuestos para poder financiar el Estado de Bienestar que hemos perdido. Dejemos ya de ser demagogos.

Es hora de empezar a llamar "al pan: pan, y al vino: vino". Me da igual cualquier partido político, que no sigan echándonos a pelear. Todos son unos "vividores". Pido un sistema tributario más solidario: no gravar las rentas (producción), sino el consumo. Es decir: quien más consuma, que pague más impuestos, pero al que trabaja o invierte, que no le quiten ni un €uro.

"Adelgazando al monstruo público" y cambiando el sistema impositivo, viviremos en un mundo más próspero y más justo.